El estallido social y la gran demanda por una nueva Constitución

A casi cuatro semanas de movilizaciones, todas aquellas demandas persisten, pero -sin lugar a dudas- ha decantado en una gran exigencia social: nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente.

El gran estallido social nacional que estamos viviendo, expresó y dejó de manifiesto múltiples descontentos y demandas sociales, así como muchas recriminaciones al sistema político y económico imperante, pero con ausencia de un liderazgo visible y palpable que hiciera presente una orgánica clara, fenómeno que -según la clase política- “dificultaba” abarcar dichas exigencias y proponer soluciones concretas.

Para quienes hemos asistido a las marchas pacíficas, sabemos que aquella petición se fue masificando poco a poco hasta ser una demanda inquebrantable. Sin embargo, el principal interpelado, el Gobierno, una vez más no reaccionó a tiempo. 

En efecto, sólo el día domingo 10 de noviembre, al caer la noche y de forma poco solemne (estimo que si había una materia que ameritaba una cadena nacional televisada era precisamente aquella noticia de tanta trascendencia), informa a través de su Ministro del Interior que iniciará un proceso para avanzar hacia una nueva Constitución, mediante un Congreso Constituyente, sin siquiera explicar qué comprendería aquella institución. 

Ahora bien, ¿por qué es relevante una nueva Carta Fundamental? Las razones han sido analizadas dilatadamente por los expertos/as: el vicio de origen; su contenido no garantiza derechos sociales; su redacción impide la participación política de la ciudadanía en la toma de decisiones; los supra quórums establecidos para modificar sus cláusulas y sus varias reformas no satisfacen en lo absoluto el interés social; y un largo etcétera que podría llevarnos horas discutir. 

Aunque suene majadero, los argumentos para cambiar la Carta Magna siempre han sido vastos y contundentes, pero el punto de inflexión en esta oportunidad, lo ha colocado la ciudadanía de manera decisiva.

La Constitución, entendida como el contrato social suscrito por el país entero, la debemos entender y concebir como aquel conjunto de cuestiones esenciales y sustanciales que la Nación determina como mínimos básicos y necesarios para la convivencia social, fundamentalmente distribuyendo-limitando al poder y garantizando derechos fundamentales. 

Por consiguiente, si la gran mayoría de los ciudadanos manifiesta con luminosidad dicha solicitud, resulta hasta hoy incompresible que el Gobierno se haya demorado tantos días en advertirlo. Estimo que, de haber propuesto un proceso constituyente claro con mayor celeridad, sin lugar a dudas ello habría contribuido a comenzar a ver muy tenuemente la luz al final del camino.

Ahora bien, en el entendido de que es necesario iniciar un proceso que nos lleve hacia una nueva Constitución, resulta urgente convenir entre todos los actores relevantes que se debe consultar a la ciudadanía sobre aquel proceso y, esencialmente, sobre el mecanismo para llevarlo a cabo. 

En esta línea, parece ser pertinente y apropiado hacerlo, toda vez que la sociedad chilena hasta hace poco tiempo se autocalificaba como una sociedad despolitizada y desinteresada en cuanto a los temas público; sin embargo, en la actualidad desea imperiosamente debatir sobre la construcción política de la misma, resurgiendo el rol basal que toda Nación debe proteger y empujar. 

Nuestra historia constitucional ha sido mezquina con la participación ciudadana en la creación de sus textos constitucionales, por ende, es altamente recomendable aprovechar esta oportunidad histórica. 

Elaborar una Carta Fundamental de forma verdaderamente participativa comprende asegurar escaños reservado para garantizar la equidad de género, como la participación de pueblos originarios y de otros grupos desfavorecidos, todos los cuales serán definidos por la ciudadanía como parte del poder constituyente. Lo anterior, nos permitirá avanzar en aquel tan anhelado nuevo pacto social y dejar atrás nuestra democracia protegida y caminar hacia una democracia participativa.  

Leslie Sanchez

Consultora en políticas nacionales y marco normativo

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